Mikarimin. Revista Científica Multidisciplinaria ISSN 2528-7842
VULNERACIÓN DE DERECHOS EN PROCESOS TRIBUTARIOS
© Centro de Investigación y Desarrollo. Universidad Regional Autónoma de Los Andes - Extensión Santo Domingo. Ecuador.
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VULNERACIÓN DE DERECHOS EN PROCESOS TRIBUTARIOS
AUTORES: Jeannette Amparito
Urrutia Guevara
1
Mario Marcelo Yancha Villacis
2
Marcela Jeannette Yancha Urrutia
3
Emilia José Yancha Urrutia
4
DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ua.jeanntteurrutia@uniandes.edu.ec
Fecha de recepción: 23-04-2020
Fecha de aceptación: 18-06-2020
RESUMEN
La importancia del desarrollo jurídico en la administración de justicia en el accionar jurídico
tributario que garantiza el derecho de las personas, donde la Constitución ha consagrado el
derecho a la defensa, objetivo principal de este trabajo, comprobar la vulnerabilidad del derecho a
la defensa y el derecho al debido proceso en procesos tributarios. A través del estudio de la
doctrina y normativas procesales inmersas en los procesos tributarios, mediante una metodología
de investigación que permitió analizar diversidad de disposiciones legales, tributarias y penales, a
través de una propuesta viable a dar solución a la problemática planteada. En la presente
investigación expongo un análisis de la aplicación de las garantías del derecho a la defensa en los
procesos y actos administrativos de naturaleza tributaria.
PALABRAS CLAVE: Derecho a la defensa; Proceso Tributario; Accionar Jurídico.
VIOLATION OF RIGHTS IN TAX PROCESSES
ABSTRACT
The importance of legal development in the administration of justice in the tax legal action that
guarantees the right of people, where the Constitution has enshrined the right to defense, the main
objective of this work, to verify the guarantee of the right to defense and the right to due process
in tax processes. Through the study of procedural doctrine and regulations immersed in tax
processes, through a research methodology that analyzes the diversity of legal, tax and criminal
provisions, through a viable proposal for the solution to the problem posed. In the present
investigation, I present an analysis of the application of the guarantees of the right to defense in
administrative processes and acts of a tax nature.
KEYWORDS: Right to defense; Tax Process; Legal Action.
1
PhD. Docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Sede Principal. Ambato. Ecuador.
2
Magister. Docente de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Sede Principal. Ambato. Ecuador. E-mail:
ua.maeceloyancha@uniandes.edu.ec
3
Estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Sede Principal. Ambato. Ecuador. E-mail:
marcejy79@hotmail.com
4
Estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Sede Principal. Ambato. Ecuador. E-mail:
ema_jose-18@hotmail.com
Jeannette A. Urrutia Guevara, Mario M. Yancha Villacis, Marcela J. Yancha Urrutia, Emilia J. Yancha Urrutia
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INTRODUCCIÓN
1. Antecedentes y evolución
La finalidad del Estado es obtener recursos sobre el origen patrimonial de la población, como es
el sistema tributario de orden económico, político, social y, que estos aspectos tengan más
relevancia que el mismo hecho de un orden jurídico en sí, donde la búsqueda de justicia y
equidad en la imposición de tributos tengan beneficios y aportaciones positivas en el uso de estos
recursos, y ante el administrado o en su contexto el contribuyente pueda acceder a una protección
de sus derechos, la eliminación de cargas tributarias, y para el estado la disminución del fraude y
la evasión fiscal. Desde la parte conceptual se expone al derecho fiscal como “la disciplina que
forma parte del derecho financiero que tiene como objetivo el estudio del ordenamiento jurídico
que regula el establecimiento y aplicación de los tributos”. (Queralt, 2013)
El Derecho ecuatoriano en el ámbito tributario basa su estructura y fundamentación en la Justicia
Administrativa, manteniendo un equilibrio entre la parte estatal y el administrado, donde el
estado ejerce su poder tributario para poder obtener ingresos que puedan ser utilizados en el gasto
público, pues su finalidad yace de obtener recursos de aportes de los contribuyentes con la
integridad de su patrimonio; sustentado en el concepto de contribución o recaudación fiscal
(Cevallos, 2015, pág. 103)
De acuerdo a lo expuesto por Paredes (2018), indica que el derecho a la defensa no es aplicable a
todos los procesos argumentando que “El derecho a defensa es un derecho dispuesto en la
Constitución, pero la Corte Constitucional –contrario sensu– ha manifestado y entiende que el
mencionado derecho no es aplicable para todos los procesos, lo cual rompe el respeto al debido
proceso en particular en los procedimientos de única instancia. Cabe anotar que, la sola existencia
de este recurso y su interposición no garantizan la vigencia del derecho a la defensa, sino más
bien la sustanciación y el pronunciamiento que lo vinculan finalmente al derecho de tutela
judicial efectiva y al debido proceso”. (pág. 44)
En el artículo 76, numeral 7 literal m, de la Constitución de la República del Ecuador se consagra
sobre el derecho de las personas a la defensa, la posibilidad de: “Recurrir el fallo o resolución en
todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”.
Una vez argumentado el derecho a recurrir se expone el mecanismo que guía este accionar
procesal como es el proceso contencioso tributario entendido como “el conjunto de medios o
recursos que provee la Ley, para dar solución a los conflictos que surgen del conjunto de
relaciones jurídicas tributarias, y que son planteados por los sujetos pasivos de esa relación, los
contribuyentes, en defensa de sus derechos que han sido lesionados por la actuación del sujeto
activo”. (Asamblea Nacional, 2011, pág. art. 217 y art. 220)
En el desarrollo de este accionar se presenta un conjunto ordenado de actos de las partes (El
Estado y el contribuyente), donde un órgano de justicia imparcial administra la impugnación a
través de un dictamen o sentencia basada en las normativas legales establecidas, como medio
ordinario para la revisión de los actos de determinación tributaria.
Es así que en virtud de estas ideas el problema surge al emitir fallos limitantes para el afectado,
dejando de lado lo estipulado por la ley sobre el uso de derechos como el derecho a impugnar,
que pasaría directamente al incumplimiento del derecho a la defensa, atentado al sistema
constitucional, invalidando sus derechos.
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Argumentando una vez más que el derecho a recurrir debe estar inmerso en cada proceso para
preservar los derechos constitucionales y de orden jerárquico constitucional.
Bajo esta idea, si en una acción objetiva de anulación, el afectado se ve limitado en su derecho a
impugnar, automáticamente se afectaría su derecho a la defensa, lo cual atentaría el sistema
constitucional, por cuanto el individuo no podría hacer valer sus argumentos y razones, y por
tanto su derecho vendría a ser ineficaz.
2. Conceptualización
Derecho Procesal
En función a lo conceptualizado por Toscano (2016), menciona que el derecho procesal es la
“Rama del derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función
jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos y que por tanto fijan el procedimiento que se ha
de seguir para obtener la actuación del derecho positivo en los casos concretos y que determinan
las personas que deben someterse a la jurisdicción del Estado y las personas encargadas de
ejercerla”.
Derecho Procesal Tributario
“Está constituido por el conjunto de normas que regulan las múltiples controversias que surgen
entre el fisco y los particulares, ya sea en relación a la existencia misma de la obligación
tributaria sustancial, a la forma (arbitraria o no) en que el fisco desea efectivizarla, a la validez
constitucional de los preceptos normativos que rigen tal obligación, a los pasos que debe seguir el
fisco para ejecutar forzadamente su crédito, a las infracciones que atribuye y a las sanciones que
en consecuencia aplica; e incluso en relación a los procedimientos (administrativos y
jurisdiccionales) que el sujeto pasivo debe emplear para reclamar la restitución de las cantidades
pagadas indebidamente al fisco”. (Villegas H. , 1980)
En si se considera al derecho tributario procesal como el conjunto de normas que regulan los
lineamientos en los cuales debe actuar el contribuyente y el Estado, aplicado en el ámbito
administrativo tributario, así como en el ámbito procesal judicial.
Derecho Tributario
Según Kluwer (2019), indica al derecho tributario como “el conjunto de normas y principios del
Derecho mediante los que se crean, desarrollan, regulan, modifican y derogan los tributos, el
marco legal de los diferentes procedimientos tributarios (de gestión, recaudación, inspección,
sancionador y de revisión), las normas tributarias generales y los Órganos de la Administración
tributaria”.
Héctor Villegas nos dice que el derecho tributario “está constituido por el conjunto de normas
que regulan las múltiples controversias que surgen entre el fisco y los particulares, ya sea en
relación a la existencia misma de la obligación tributaria sustancial, a la forma (arbitraria o no) en
que el fisco desea efectivizarla, a la validez constitucional de los preceptos normativos que rigen
tal obligación, a los pasos que debe seguir el fisco para ejecutar forzadamente su crédito, a las
infracciones que atribuye y a las sanciones que en consecuencia aplica; e incluso en relación a los
procedimientos (administrativos y jurisdiccionales) que el sujeto pasivo debe emplear para
reclamar la restitución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco”. (Villegas, 1980)
La división del Derecho Tributario es aquella que se distingue por:
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- Derecho tributario constitucional.- Estaría integrado por aquellos preceptos
constitucionales dedicados a delimitar el ejercicio del poder tributario, originariamente
atribuido por la Constitución española al Estado, y a distribuir las facultades que de él
emanan entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
- Derecho tributario sustantivo o material.- Está integrado por el conjunto de normas que
definen los diferentes supuestos de la obligación tributaria e identifican a los
contribuyentes llamados a cumplirlas. Es el compendio de legislación reguladora de los
distintos tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales).
- Derecho penal tributario.- Conjunto de normas que define las infracciones y su régimen
sancionador.
- Derecho tributario internacional.- Integrado por el conjunto de acuerdos en los cuales la
nación es parte, a efectos de evitar la doble imposición y asegurar la colaboración de las
Administraciones tributarias, de los distintos países para tratar de detectar y evitar la
evasión fiscal”. (Kluwer, 2019)
Normativas del Derecho Tributario
La normativa interpuesta por el Código Tributario en el libro I, de lo Sustantivo Tributario, Título
I, Disposiciones Fundamentales:
Art. 1.- Ámbito de aplicación.- Los preceptos de este Código regulas las relaciones jurídicas
provenientes de los tributos, entre los sujetos y activos de los contribuyentes o responsables de
aquellos. Se aplicará a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o locales o de
otros entes acreedores de los mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen
con ellos. Para estos efectos, entendiéndose por tributos los impuestos, las tasas y las
contribuciones especiales o de mejora.
Art. 2.- Supremacía de las normas tributarias.- Las disposiciones de este código y de las demás
leyes tributarias, prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia no
serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que
de cualquier manera contravengan este precepto.
Art. 3.- Poder Tributario.- Sólo por órgano legislativo de órgano competente se podrán establecer,
modificar, o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio
de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con
la ley. El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana.
Art. 4.- Reserva de ley.- Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos
activos y pasivos, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones o deducciones;
los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforma a
este Código.
Art. 5.- Principios tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad,
generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.
Art. 7.- Facultad reglamentaria.- Solo el Presidente de la república, corresponde citar los
reglamentos para la aplicación de la leyes tributarias. El Director General de Servicios de Rentas
Internas y el gerente de la Corporación Aduanera ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos,
dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias
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y para la armonía y eficiencia de su administración. (Constitución de la República del Ecuador,
2005)
Es necesario mencionar si este se encuentra siendo vulnerado o no, siendo en este último caso la
presentación del derecho a recurrir en virtud de la falta de legitimidad en lo actuado. Al no existir
un adecuado nexo causal entre pruebas y sujeto, el momento de la apelación podrían darse dos
situaciones, la primera que se ratifique el estado de inocencia, la otra se mantenga la sentencia
inicial, respuesta totalmente inidónea toda vez que el inconveniente principal radica en garantizar
el debido proceso y principalmente contar con todas las pruebas para poder sentenciar.
Conociendo la naturaleza del recurso, resulta que la sentencia dictada tiene algún error que radica
en una falla realizada por parte del juzgador, sea está en la inobservancia de pruebas, o de normas
o el simple hecho de no estar acorde a lo que el sujeto activo esperaba de lo juzgado. Por tal
motivo necesita como lo dice nuestra Constitución una nueva revisión de lo actuado para que se
pueda cumplir el debido proceso.
Derecho al Debido Proceso. Una vez analizados los derechos humanos, fundamentales y
subjetivos es necesario aterrizarlos específicamente en materia de contratación pública esto es, el
derecho que tienen los administrados para acceder a la restitución de un derecho vulnerado.
(Buenaño, 2017, pág. 24)
Derecho a la Defensa. El derecho de defensa corresponde a todo habitante del Estado,
especialmente el derecho de defensa en general, para aquellos que intervienen como actores o
como acusados, esta disposición constitucional tiene ámbito de aplicación en el área penal,
administrativa, civil, o de otra naturaleza. (Buenaño, 2017, pág. 26)
La defensa se presenta ante una posible vulneración de un derecho sea de un bien o de sus
intereses, y el posible afectado debe acceder a una justicia para obtener una defensa adecuada y
oportuna, garantizando así una legítima defensa.
La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 es una constitución que garantiza los
derechos y deberes del Estado sobre los ciudadanos, en la revista Derecho Ecuador el jurista Dr.
Merck Benavides Benalcázar menciona que El debido Proceso permite garantizar la
seguridad jurídica a cada uno de los sujetos procesales y en general a la sociedad que es la que
vigila la actuación de todos los operadores de justicia, en especial del fiscal y del juzgador, que
son los que tienen mayor protagonismo en un proceso penal”. (Benavides, 2017)
Bajo estos preceptos y en concordancia con la norma suprema del Ecuador que en su artículo 169
establece un medio para la realización de la justicia sin sacrificar a la misma por a sola omisión
de formalidades.
En el Art. 82 nos habla también sobre el hecho de la seguridad jurídica en favor del respeto a esta
norma Constitucional su aplicación y aplicabilidad.
Jurisdicción. En sentido estricto procesal, jurisdicción es la función pública de administrar
justicia, emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un órgano especial. (Toscano, 2016)
Poderes de la Jurisdicción:
Poder de decisión.- El juez es el encargado de dirimir con fuerza obligatoria las controversias;
aceptar o negar la declaración solicitada; resolver sobre la existencia del hecho ilícito penal y la
responsabilidad del procesado.
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Poder de coerción.- El juez tiene la facultad de remover los obstáculos que se oponen al
cumplimiento de su misión. Poder de documentación e investigación: el juez está facultado a
ordenar pruebas (inspecciones o reconocimientos de hechos), a pesar de la oposición que exista y
a ordenar pruebas de oficio.
Poder de ejecución.- El juez está facultado a imponer el cumplimiento de un mandato claro y
expreso (el imperium de la concepción clásica). (Toscano, 2016)
Procedimiento Contencioso. El procedimiento contencioso tributario es aquel mediante el cual un
contribuyente manifiesta su inconformidad ante una notificación de resolución de multa o acto de
la Administración, calificado como reclamable o apelable. (Cruz, 2017)
Se desprenden dos palabras claves sobre estos conceptos que son jurisdicción y competencia.
Naturaleza del proceso contencioso tributario:
El proceso administrativo y tributario comparte similitudes y semejanza de acuerdo a lo expuesto
por indica que “no debe perderse de vista que el proceso contenciosos administrativo, se erige
como una herramienta de control de la actividad administrativa que se vincula de modo
inescindible con el monopolio que ostenta el Estado en la administración de justicia, que
constituye un fin y una garantía que sustenta el pacto social. Como siempre lo he sostenido el
Contencioso Administrativo debe vérselo como la instancia que controla y limita al poder el
órgano de control de la legalidad en el Estado es por tanto el Contencioso Administrativo ...”.
(Morales, 2010)
Pozo considera la acción o procesos contenciosos tributario como “… el estudio de la diligencias
necesarias para ejercer la facultad de tutelar un derecho, exigir un beneficio, oponerse a un
perjuicio, reclamar por un comportamiento, solicita, demandar, reivindicar, etc. algo de
naturaleza tributaria mediante una polémica, o querella ante una autoridad competente para
conocer esta materia. La Acción Contencioso, en este caso, queda adjetivada por la palabra
´tributaria` que la identifica y determina como un procedimiento peculiar con sus órganos,
instituciones y técnicas propias en torno al tema impositivo, que lo caracteriza diferenciándola de
los demás procedimientos; por lo tanto, es la naturaleza del derecho sustancial tributario que se
ejerce, exige o reivindica, la que especifica la acción forma a seguir para su efectiva realización”.
(Pozo, 2010)
Recursos de Casación. El término Casación para Guillermo Cabanellas lo define como “la
Acción de anular y declarar sin ningún efecto un acto o documento”, y al recurso lo conceptualiza
como “el medio, procedimiento extraordinario. Acudimiento a personas o cosas para solución de
caso difícil”. (Cabanellas De Torres, 1997)
Francisco Carnelutti indica de manera más céntrica al recurso de casación como un recurso
extraordinario, “el recurso de casación es un recurso extraordinario, a diferencia de la apelación,
que constituye un recurso ordinario. Hay dos clases de apelaciones: una libre y ordinaria y otra
limitada o extraordinaria. Esta última correspondería al recurso de casación pues en definitiva
conduce a que se 12 dicte una sentencia de fondo como si se hubiera apelado. La sentencia de
casación sería iudicium rescidens y la de reenvío indicium rescissorium”. (Carnelutti, 1976)
Por último se expone dentro de esta doctrina jurídica indicando que “la casación es un medio de
impugnación, con particularidades especiales, pero genéricamente idéntico a los demás recursos,
de cuyas características fundamentales participa; con un ámbito limitado al examen de errores de
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derecho, de carácter público pero no diverso del que tiene el mismo derecho procesal. Y la Corte
de casación es, simplemente, el Tribunal encargado de juzgar de ese recurso”. (De La Rua, 1968)
No se concederá recurso de casación en los siguientes casos:
En el inciso final del art. 293 del Código Tributario habla sobre los fallos dictados por el tribunal
y que hayan sido contradictorios por tal motivo del recurso de casación tendrán igual efecto
obligatorio. Con esa consideración se publicó en Registro Oficial 605, del 12 de junio de
1978, la Sentencia Obligatoria 1, en el recurso de casación interpuesto en contra del auto No.
607, dictado en la Causa No. 5239-889 por la Tercera Sala, por lo que el Tribunal de Casación
del Tribunal Fiscal conformado por los magistrados de la Primera y Segunda salas resuelven
establecer en qué casos no se concederá el Recurso de Casación:
1. Cuando se hubiere interpuesto fuera del término legal:
El art. 329 del Código Tributario que considera un término de diez días para la presentación del
recurso de casación, mientras que el texto original de la Ley de Casación, de mayo de 1993,
señalaba también el plazo de diez días, quince días para que la administración pública en general
y tributaria en particular planteen el Recurso de Casación, lo que rompe el principio consti-
tucional de igualdad de las partes
2. Cuando la providencia no fuera sentencia:
Ley de Casación prevé la posibilidad de conceder recurso de casación de los autos dictados en
juicios de conocimiento para ejecutar sentencias cuando: 1) Estos contravengan lo resuelto en la
sentencia y
3. Cuando en juicios de impugnación las sentencias dictadas que nieguen o confirmen
compensación o de facilidades de pago:
Cuando a las facilidades de pago considero totalmente injusta y arbitraria la concesión del
recurso de plena jurisdicción ante los Tribunales Distritales, y más aún la posibilidad de proponer
Recurso de Casación ante la negativa.
4. Las sentencias dictadas en juicios de nulidad de remate o subasta:
Las circunstancias de las sentencias pueden adaptarse a lo señalado en el art. 3 de la Ley de
Casación sobre una discusión centrada en derecho, cabría el mentado recurso, caso contrario
debería ser negado.
5. Las sentencias dictadas en conflictos de competencia, suscitados entre autoridades de
distintas administraciones tributarias.” (Durango, 2012)
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Documento de análisis. Documento de análisis crítico-jurídico donde se evidencie la
vulneración del derecho a la defensa y el debido proceso en materia tributaria.
Antecedentes. Un proceso tributario, es importante considerar las aportaciones jurídico legales
sobre estos derivados, así que se considera antes de la vulneración debe existir un derecho; de tal
manera se específica al derecho a la defensa y el debido proceso que tienen las partes de un
proceso en sede jurisdiccional que sienten que sus derechos han sido violados; puedan concurrir
ante un juez superior para que éste se pronuncie sobre las decisiones del juez de primera
instancia.
Es así que los operadores judiciales hacen incurrir al Estado en esta responsabilidad
internacional, y el daño paso así al debido proceso que de acuerdo a lo manifestado por la corte
Iberoamericana de derechos Humanos “el derecho de defensa procesal es una garantía procesal
que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo
civil, administrativo o de cualquier otro”.
La Constitución de la República del Ecuador enmarca en el capítulo sexto, de los Derechos de
libertad en el Art. 76 que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de
cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso el que incluirá entre sus garantías
básicas el derecho a la defensa el cual implica el no ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del procedimiento, contar con el tiempo y con los medios adecuados para
la preparación de la defensa, ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de
condiciones, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea
asistida y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se
presenten en su contra. (Constitución de la República del Ecuador, 2008)
En virtud de lo manifestado se consagra en la Constitución el debido proceso entendido como ese
conjunto de garantías procesales que aseguran el derecho de las partes y un proceso libre de
arbitrariedades.
Dentro de la COGEP se presenta una novedad que es la de presentar nuevas pruebas en segunda
instancia, que está previsto en el artículo 256 del código, este nuevo proceder indica que las
partes en la fundamentación como en la contestación tiene la oportunidad de presentar nuevas
pruebas pero solo si se tratan de hechos nuevos como así lo estipula. Ante esto se pueda exponer
algo nuevo que suscitó luego de la sentencia, y si en caso no son aceptadas y la apelación o
adhesión no son fundamentadas, estas serán rechazadas. (COGEP Código Orgánico General de
Procesos, 2015)
El Código Orgánico General de Procesos (COGEP), ordena en su artículo 266 primer inciso que:
"El recurso de casación procederá contra las sentencias y autos que pongan fin a los procesos de
conocimiento dictados por las Cortes Provinciales de Justicia y por los Tribunales Contencioso
Tributario y Contencioso Administrativo..." (Código Orgánico General de Procesos, 2008)
El recurso de casación tiene por finalidad el control jurídico de las resoluciones judiciales, con el
fin de lograr la correcta observancia y aplicación del derecho objetivo, buscando evitar la
violación de la norma jurídica.
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Cuerpo Central. El Código Orgánico General de Procesos COGEP conforme a lo establecido en
el artículo 300, tiene como objetivo proteger los derechos de toda persona y realizar el control de
legalidad de los hechos, actos administrativos del sector público sujetos al derecho tributario o
administrativo, para conocer y resolver todo lo concerniente a la relación jurídica tributaria o
administrativa.
Es así que dentro de los procesos de contenciosos tributario el recurso de casación ayuda
determinar si el derecho a la defensa se cumple en la justicia tributaria ecuatoriana, para esto es
importante nuevamente redactar lo estipulado por la Constitución del República en su artículo 76
donde se establece que en los procesos que determinan derechos y obligaciones se debe
garantizar el derecho constitucional de recurrir, eliminando cualquier obscuridad o edad respecto
a su alcance.
De modo que los decretos de Estado y las normativas internacionales consagran en sus escritos la
protección que tienen las personas, y que deben cumplirse ante cualquier proceso judicial y
procesal, dando paso de esta manera al cumplimiento del derecho a la defensa y al debido
proceso.
Es una garantía exigible para los órganos jurisdiccionales como los Tribunales Distritales de lo
Contencioso Tributario, así como la Corte Nacional de Justicia, garantizar el derecho a recurrir
aceptando a trámite el recurso de casación y resolviendo el mismo, no obstante, existen
limitaciones impuestas por la Corte Constitucional, donde los procesos contenciosos tributarios
tienen características particulares por los principios y fundamentos que enmarcan este derecho
tributario.
Los procesos contenciosos tributarios son sometidos a un único recurso vertical que existe en la
justicia tributaria ecuatoriana, aplicada en todas las áreas excepto en lo penal; dentro de este
panorama se marca también la inexistencia de un segunda instancia en la presentación de
pruebas, aunque sería regresar a la creación de un tribunal donde por la necesidad de “recaudar
más expeditamente recursos para financiar el erario público se instauraron jueces cantonales y
provinciales donde no se produjeron controversias en este ámbito” y “(…), aunque no permite la
revisión por un órgano jurisdiccional de grado superior, ha sido aceptada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y adoptado de igual manera en nuestro ordenamiento
jurídico, en los casos que existe fuero de Corte Nacional de Justicia”. (Ortiz, 2015)
La naturaleza misma de la casación obliga a que el recurso sea fundamentado para que no sea
inadmitido en primera providencia por parte de los Conjueces; si se configuraría este hecho, por
más que la sentencia se encuentre inmotivada, carente de toda fundamentación lógica y analítica,
el tribunal de casación no podrá entrar a analizar la misma, puesto que por exigencia de la ley se
debe precisar la circunstancia que vicia la sentencia, la norma jurídica transgredida y la petición
concreta del recurrente; caso contrario si la sala de Conjueces admitió el recurso, es obvio que la
Sala de Jueces rechazara el recurso por mal interpuesto”. (pág. 47)
CONCLUSIONES
Como evidencia del análisis jurídico-crítico es importante que se instauren herramientas que
brinden un mayor acceso ante un sistema de difícil acceso o considerado como el único luego de
haberse presentado un fallo como es el recurso de casación, ante varios desaciertos cometidos no
solo por el Estado y sus órganos jurisdiccionales; también por la falta de estudio de varios juristas
donde en varias ocasiones la falta de técnica y especialización de los procuradores judiciales y/o
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abogados del recurrente en la proposición y fundamentación del recurso de casación en materia
tributaria tiene como efecto el rechazo de un recurso.
El derecho a la defensa brinda garantías constitucionales a todas las materias jurídicas que se
regulan dentro del estado ecuatoriano, y puede estipularse dentro del Código Tributario la
instauración de recurso ordinario de apelación, que permitan impugnar las sentencias emitidas
por los Tribunales distritales de lo Contencioso Tributario, con excepciones como aquellas
establecidas en el Código tributario artículo 220 numeral 2 causales 3, 4 y 5.
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Revista Mikarimin. Publicación cuatrimestral. Vol. 6, Año 2020, Edición Especial (Julio)


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